EL PAÍS (2008-05-08)
Alberto Uriona
Nueve empresas vascas, que suman más de 600 trabajadores, se hallan abocadas al cierre. El Gobierno les ha abierto un expediente sancionador por no solicitar la Autorización Ambiental Integrada, la nueva normativa impuesta por la Unión Europea que reúne en uno solo todos los permisos actuales y endurece los requisitos. El pasado 30 de abril expiraba el plazo para que 281 compañías calificadas como las más contaminantes dispusiesen de este permiso, que ha sido tramitado por el Departamento de Medio Ambiente.
La consejería ha resuelto 209 casos en el plazo fijado, de los que 203 han recibido la autorización ambiental y los otros seis se han archivado: cinco de las empresas habían modificado su actividad y no les afectaba ya esta normativa o habían cerrado; la sexta es el proyecto de la incineradora de Txingudi, que ha sido desechado por sus promotores.
Las 203 que han recibido el permiso tienen que cumplir una serie de condiciones, "mayores o menores según cada caso" y acometer una serie de inversiones para reducir sus impactos ambientales, aseguró el viceconsejero de Medio Ambiente, Ibon Galarraga. Las autorizaciones marcan un plazo de entre 6 y 12 meses para acometer las mejoras. Tras ese periodo, explicó Galarraga, Medio Ambiente verificará las actuaciones realizadas y validará el permiso durante los próximos ocho años. Si no cumplen lo exigido, se puede denegar la autorización.
Entre las que han recibido el permiso, se encuentran la ACB, la incineradora Zabalgarbi, la central de ciclo combinado de Boroa, Tubacex, Maier, Bahía de Bizkaia Electricidad, Michelín o la papelera Smurfit de Iurreta.
Otras 63 empresas carecen todavía de permiso, pese a que el inicial plazo del 30 de octubre fijado por la UE se amplió seis meses, aunque Galarraga aseguró que lo recibirán "en las próximas semanas" y en todas ellas "se ha comprobado que no hay riesgo ambiental". Dentro de este grupo, 37 han completado su información antes del pasado 20 de febrero y entre ellas figuran la sociedad foral Garbiker (encargada de la gestión de las basuras en Vizcaya), el matadero de Bilbao, las compañías Tarabusi, Camelot 97 y Betsaide (dedicadas a la automoción) y Norbega, envasadora y distribuidora de Coca-Cola. Otras 23 empresas aún no han completado su documentación. Dentro de este último colectivo sobresalen Bridgestone (fabricante de neumáticos) y Losal, dedicada a fabricar productos siderúrgicos.
Las nueve restantes no han cursado ninguna documentación, pese a las reiteradas peticiones de Medio Ambiente en el último año, por lo que la consejería les ha abierto un expediente sancionador.
Galarraga destacó que pueden recibir sanciones graves "y en su caso incluso la suspensión de la actividad". La normativa europea prevé el cierre de las empresas sin este permiso. Medio Ambiente considera que algunas de estas nueve empresas deben tener clara su intención de cesar su actividad o la absorción por otras compañías, pues, si no, no se explicaría el riesgo de ver clasuradas sus plantas.
En un principio, las empresas vascas afectadas por la directiva comunitaria rondaban las 290. Tras las alegaciones que formularon, siete quedaron fuera, a lo que se han unido las seis cuya autorización se ha archivado en los últimos meses por el cambio de actividad o cierre. Así, el cupo de compañías que deben tener la autorización suman 275, según los datos de Medio Ambiente.
El viceconsejero agregó que el País Vasco "ha hecho sus deberes" en un proceso de "enorme complejidad administrativa", que se ha visto agravado, según manifestó, por la actitud del Gobierno central. "Primero fue el Gobierno del PP, que traspuso tarde y mal la directiva europea. Y luego el del PSOE, por su incapacidad para enmendar la situación. Se ha sumido a las empresas en una auténtica ceremonia de la confusión".
Medio Ambiente asegura que Euskadi es una de las primeras comunidades autónomas que ha resuelto estas autorizaciones. En toda España están afectadas por la decisión de la UE más de 5.000 compañías.
Un año para que Petronor se adapte
Petronor fue uno de los nombres que salió en la comparecencia de ayer de los responsables de Medio Ambiente. La empresa, que aporta al año más de 490 millones de euros en impuestos en Vizcaya, se ha visto envuelta en la polémica por dos informes encargados por el Ayuntamiento de Muskiz sobre la falta de las licencias de funcionamiento de la refinería. La compañía asegura que tiene "todo en regla", pero no ha presentado esta documentación al consistorio, según asegura el alcalde Gonzalo Riancho, de EA. Esas licencias tampoco han sido solicitadas por Medio Ambiente durante el proceso de la Autorización Ambiental Integrada, al entender que se trata de una tramitación administrativa que corresponde al consistorio.
El viceconsejero Ibon Galarraga señaló ayer que Petronor ha recibido la autorización positiva con una serie de condiciones que no detalló, pero recalcó que deberá aplicar la mejor tecnología disponible para la mejora del medio ambiente. Agregó que la refinería debe realizar "inversiones adicionales" y que para las actuaciones exigidas en la autorización ambiental dispone de plazos de entre seis y 12 meses. "Hay que tener en cuenta que establecemos unas medidas para ocho años", aseguró.
El alcalde de Muskiz, quien presentó alegaciones al Departamento de Medio Ambiente en las que se pedía la denegación de la autorización ambiental, no comentó la decisión del departamento por falta de datos. "No tengo conocimiento oficial ni sé los condicionantes que se les ha puesto", explicó. Riancho añadió que hoy se pondrá en contacto con la consejería de Medio Ambiente para que le facilite la resolución. "No sé si han dado respuesta a alguna de nuestras alegaciones".
El alcalde opinó que el consistorio de Muskiz es "parte interesada" y debería recibir la resolución de Medio Ambiente sobre Petronor. "Hablaré con ellos para que me la manden".
El viceconsejero se refirió también al caso de la empresa
Inama, ubicada en la reserva de la biosfera de Urdaibai y en cuya actividad un juez ha apreciado un delito contra el medio ambiente. La planta también ha recibido la autorización ambiental del Gobierno.
Galarraga aseguró que este caso resulta "similar" al de Petronor y afirmó que se le han "exigido condiciones muy estrictas desde el punto de vista medioambiental". Agregó que tiene un plazo de 12 meses para resolverlas y "si no lo hace, se abriría un expediente".
La autorización europea
- La autorización ambiental integrada es el nuevo permiso establecido por la UE del que deben disponer las empresas más contaminantes y que endurece los requisitos actuales.
- Establece niveles máximos para distintos índices sobre contaminación (hasta ahora se integraban todos) en cada fábrica según su situación y su sistema productivo. Reúne en una sola todas las autorizaciones actuales, dispersadas entre las diferentes administraciones, y que ahora competen al departamento de medio ambiente.
- Entre las nueve empresas que están abocadas al cierre, destaca Altusa, ubicada en Salvatierra y dedicada a la fabricación de tubos de acero, con 448 trabajadores, según datos oficiales. La siguiente en importancia por su plantilla es Fundiciones Gelma, de Mondragón, con 189 empleados. Las otras tres compañías citadas por medio ambiente son fábrica de productos químicos en Trapagaran (10 empleados); Cromados Arrizabalaga, que se dedica al tratamiento y recubrimiento de metales en deba (20) y Praxair, planta química, en Bilbao (9)
FINSA-Inamari. Lehortegietako gas hezeek atmosferara isurtzen dituzten mikropartikulen isuriak murrizteko elektrofiltro bat ezartzea da Jaurlaritzak ezarritako baldintzetako bat.
FINSA-Inamari. Lehortegietako gas hezeek atmosferara isurtzen dituzten mikropartikulen isuriak murrizteko elektrofiltro bat ezartzea da Jaurlaritzak ezarritako baldintzetako bat.
